Constructoras incumplen, familias sufren y entidades callan en el Huila

En Neiva, el sueño de la vivienda propia se está convirtiendo en una pesadilla para cientos de familias. Los retrasos en las entregas, la falta de saneamiento básico y la ausencia de control de las autoridades dejan a los hogares atrapados en la frustración y la incertidumbre.

En Neiva, epicentro del crecimiento inmobiliario en el Huila, lo que debía ser el símbolo del progreso se ha transformado en un calvario. Cientos de familias, que durante años han ahorrado y confiado sus recursos en constructoras, hoy padecen la angustia de ver cómo sus viviendas prometidas no llegan. El dolor no se mide solo en cifras: se mide en meses de espera, en cuotas dobles entre arriendo y crédito, y en la ilusión rota de quienes soñaban con un hogar propio.

Cada retraso arrastra consigo un drama humano. Detrás de los muros inconclusos hay discusiones familiares, sueños aplazados y niños que preguntan por un cuarto que nunca llega. La frustración se acumula como cemento mal mezclado, debilitando no solo los proyectos inmobiliarios sino la confianza en las instituciones que deberían garantizar seguridad y transparencia.

A este panorama se suma un hecho más grave: muchos proyectos se venden sin contar con sistemas de saneamiento básico. Familias que reciben sus viviendas descubren que no hay alcantarillado, agua potable ni manejo adecuado de residuos. ¿Cómo puede hablarse de desarrollo urbano cuando se entregan casas sin lo mínimo para vivir dignamente? Esto no es solo improvisación: es una falta de respeto con la salud pública y un atentado contra el medio ambiente.

La responsabilidad no recae únicamente en las constructoras. ¿Dónde están las curadurías que aprueban licencias?, ¿qué hacen las alcaldías y sus oficinas de planeación?, ¿qué responde la CAM frente a proyectos que afectan los ecosistemas? La pasividad de las entidades convierte la negligencia privada en una estafa pública, donde las familias son las únicas que pagan los platos rotos.

Neiva no puede seguir siendo la ciudad de las promesas incumplidas y los proyectos fantasma. El crecimiento inmobiliario debe generar confianza y dignidad, no desilusión ni angustia. Hoy más que nunca, las autoridades tienen el deber de asumir un control serio, imponer sanciones ejemplares y garantizar que cada ladrillo colocado represente un futuro cierto para quienes sueñan con un techo propio.

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