La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por no acatar la suspensión preventiva que le fue impuesta en enero de 2024 en medio del escándalo por la licitación de los pasaportes.
Según la Sala de Instrucción del ente de control, el excanciller continuó ejerciendo funciones oficiales entre el 24 de enero y el 6 de febrero de ese año, a pesar de estar formalmente suspendido. Durante ese periodo, firmó al menos 19 notas diplomáticas y 76 resoluciones, contrariando abiertamente la orden de separación temporal del cargo.
La Procuraduría advirtió que incluso fue necesario reiterarle la instrucción el 1 de febrero, luego de que Leyva hiciera caso omiso a la medida. En el pronunciamiento, se cuestionó su conducta bajo el principio de moralidad que rige a los servidores públicos:
“Respetar el principio de moralidad implica comportarse de manera honesta, proba, recta y diáfana. Quien actúa bajo estos parámetros no puede incumplir una orden impartida por una autoridad competente”.
El exministro deberá enfrentar juicio disciplinario por una presunta falta cometida con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de contradecir una decisión administrativa legalmente emitida.