El más reciente discurso de réplica de la representante Lina María Garrido Martín (Cambio Radical) contra el presidente Gustavo Petro reavivó preguntas sobre los antecedentes de dos figuras claves en su círculo familiar y político: su padre, el exsecretario de Educación Jesús Hernando Garrido Boscán, y el exgobernador José Facundo Castillo Cisneros.
En julio de 2018 la Gobernación de Arauca expidió el Decreto 529, con el que retiró del servicio docente a Garrido Boscán e impuso una inhabilidad de cinco años, luego de que la Contraloría General lo hallara responsable de un detrimento patrimonial relacionado con recursos del Sistema General de Participaciones para educación en las vigencias 2007-2008.
Un año más tarde, el Juzgado Primero de Familia de Arauca concedió una tutela que dejó sin efecto ese decreto y ordenó reintegrarlo mientras se repetía el trámite disciplinario respetando el debido proceso; la instrucción quedó plasmada en el Decreto 687 de 2019. Desde entonces no se conoce una decisión definitiva que confirme o anule el fondo de la responsabilidad fiscal, por lo que el caso permanece abierto a revisión administrativa.
Según el perfil biográfico de La Silla Vacía, Lina Garrido “es hija de Hernando Garrido Boscán, exsecretario de Educación departamental”. La relación familiar ha sido recordada por opositores que cuestionan la legitimidad ética de sus intervenciones en el Congreso.
La misma fuente detalla que la carrera electoral de la hoy representante se fraguó bajo el ala del exgobernador José Facundo Castillo, quien la respaldó en su aspiración a la Asamblea en 2019 y luego en la campaña a la Cámara en 2022; incluso, la esposa del exmandatario participó en actos masivos de apoyo.
El respaldo cobra nuevas lecturas tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que el 15 de mayo de 2025 condenó a Castillo a 12 años y 2 meses de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, relacionado con la compra irregular de mobiliario escolar por más de 24 000 millones de pesos.
Hasta el momento no existe un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral que señale irregularidades en los reportes de ingresos y gastos de la campaña de Garrido Martín en 2022. Sin embargo, analistas subrayan que la figura del “padrino político” —sin constar necesariamente en los libros contables— puede materializarse en logística, movilización y respaldo territorial que no siempre queda reflejado como aporte económico directo.
Los detractores de la congresista sostienen que la inhabilidad fiscal —aunque suspendida— y la reciente condena contra Castillo minan su “autoridad moral” para liderar señalamientos contra el Ejecutivo. Sus defensores responden que la responsabilidad penal es individual y que ni la tutela contra el padre ni la sentencia contra el exgobernador han salpicado judicialmente a Lina Garrido.
En cualquier caso, el episodio pone de relieve la importancia de la transparencia en la financiación electoral y la necesidad de esclarecer en qué estado se encuentra el proceso disciplinario de Garrido Boscán. Mientras tanto, la representante continúa posicionándose como una de las voces de mayor visibilidad de la bancada opositora en la Cámara.
